lunes, 9 de mayo de 2011

Una silenciosa amenaza a la sociedad libre y democrática: el lavado de dinero.

El pasado 4 de Mayo la Cámara de Diputados aprobó por 181 votos afirmativos, ninguno en contra y 7 abstenciones, un proyecto de reforma que pretende endurecer la actual legislación antilavado en nuestro país, e intenta revertir la situación expuesta en el lapidario informe emitido por la máxima autoridad mundial en la materia, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en el marco de la evaluación de la Argentina a mediados del año pasado.

Esto implica que el avance en la lucha contra el lavado de dinero de origen delictivo en nuestro país ha sido forzado una vez más por presiones internacionales y no se debió a un debate o preocupación interno sobre el flagelo. Si bien se puede atribuir esta situación a una falta de voluntad política de la clase gobernante, lo cierto es que tampoco la opinión pública muestra demasiada preocupación por el asunto.

Por ello, resulta de vital importancia comenzar a difundir los nefastos efectos que ésta práctica provoca en todos los ámbitos de la vida en democracia. Antes de comenzar, cabe definir al “lavado o blanqueo de dinero” como el proceso o conjunto de operaciones al que se someten los valores, dinero o bienes obtenidos por actividades delictivas para integrarlos al sistema económico y financiero, ocultando su procedencia y procurando otorgarles la apariencia de legalidad. Ahora sí, expondremos brevemente sus efectos perjudiciales a la sociedad.

1.) Lavado de Dinero y Economía:

En primer lugar produce una serie de efectos que, desde una óptica de corto plazo, podrían caracterizarse como positivos o beneficiosos. En efecto, la estructuración de las redes y procesos de lavado o legitimación requieren de una “mano de obra” que lleve a cabo esa tarea. Encontramos que un número importante de consultores financieros, estudios contables y jurídicos, agentes de bolsa, inversores inmobiliarios, corredores e inversionistas, comerciantes y fabricantes de productos de alta gama y lujo, entre muchos otros, se beneficiarán de modo notable gracias al flujo de dinero e inversiones cuyo origen se quiere legitimar. Si bien dicha actividad implica un riesgo ya que se exponen a las posibles respuestas del sistema represivo penal, tributario y administrativo, la misma reporta enormes ganancias derivadas del retorno extra en atención a la actividad riesgosa: una especie de tasa de blanqueo.

Marcos Kaplan en su obra “Economía criminal y Lavado de Dinero”(1) afirma que el lavado “… contribuye a la generación y a la expansión del empleo y del ingreso, y a una cierta mejora relativa del modo y nivel de vida, para un numero considerable de grupos y sectores, por las actividades, inversiones y consumos que los narcotraficantes realizan directamente, en sus actividades lícitas e ilícitas, y por los efectos amplificadores que inducen en otras ramas y sectores de la economía nacional” afirmando que “a ello se agrega el lavado o blanqueo de dineros como pieza clave en la estructuración y la reproducción ampliada del tráfico y sus ramificaciones”. En efecto, el lavado de dinero resulta clave a la hora de constituir una “empresa criminal” de cierta envergadura: las enormes ganancias producidas por tal empresa de otro modo resultarían delatoras de la actividad criminal subyacente.

Pero esta “bonanza” derivada de los flujos de dinero ilícito se acaba en el corto plazo: las consecuencias negativas son abrumadoramente mayores que sus limitados efectos positivos. Así, se ha establecido que un alto porcentaje de la economía criminal resulta más una causa del subdesarrollo económico de un determinado país antes que una consecuencia del mismo. Haciendo referencia al caso del Sur de Italia, un estudio de Luigi Foffani (2) afirma que “recientes análisis demuestran que la mafia no es un efecto del retraso económico que caracteriza estas regiones sino que es una de las causas que lo provoca, contribuyendo de modo especial a que diversos tipos de comportamiento empresarial ‘desviado’ pueda arraigar.”

Así, los beneficios que ingresan y permanecen en los países que generan las ganancias criminales blanqueadas se destinan "más al consumo exhibicionista, de lujo y prestigio que a inversiones productivas, y se redistribuyen en medida insuficiente”. La prosperidad creada por el dinero “negro” coexiste y agrava situaciones críticas de otros sectores de la economía: además de ser insuficiente para generar empleos y bienestar para toda la población, desequilibra la balanza de pagos ya que el ingreso de divisas originadas en la ilegalidad altera el tipo de cambio perjudicando a las manufacturas locales y promoviendo la importación. Además presiona a la suba los precios en mercados como el inmobiliario, con lo cual limita las posibilidades de acceso a la vivienda propia de los sectores menos pudientes.

Sumado a ello, el hecho que se destinen enormes cantidades de dinero blanqueado a actividades lícitas, genera situaciones de competencia desleal: quien dispone de las ganancias criminales blanqueadas corre con enormes ventajas comparativas respecto de sus competidores plenamente legítimos. Los empresarios criminales pueden operar durante largos periodos de tiempo “a perdida” subvencionándola con las ganancias ilícitas, alterando el proceso de formación de precios con el fin de desplazar o destruir completamente a los competidores.

La opacidad, falta de transparencia, falta de apego a las reglas, capacidad corruptora de las instituciones públicas y privadas, y capacidad de compra de voluntades termina contaminando todo el circuito económico.

2.) Lavado de Dinero y Cultura:

Esta práctica delictiva es percibida con cierta indiferencia por la cultura y la opinión pública. Aún cuando resultan fácilmente cognoscibles los numerosos males que ocasiona, el público rara vez reclama o exige a sus autoridades una respuesta más eficiente en contra de éste flagelo. Indisolublemente ligado al crimen organizado, el delito de lavado de dinero es tratado como “crimen de cuello blanco” con cierto grado de refinación e inclusive es factible encontrarnos con que la ficción retrate a sus autores con un romanticismo que ayuda a olvidar el verdadero flagelo que constituyen y las nefastas consecuencias que trae a la sociedad.

El magistrado español Francisco Javier, Gómez de Liaño y Botella en su obra "criminalidad organizada: una aproximación sociológica y político criminal" (3) plantea con gran claridad el problema al afirmar que; “…razón importante del éxito de esta forma de criminalidad es la indiferencia pública y la falta de conocimiento respecto a los males que ocasiona; término el de indiferencia que abraza un sinnúmero de actitudes, pero que todas producen una atmósfera social favorable a la criminalidad organizada. En la dirección que actualmente sigue nuestra sociedad, muchas cosas no son consideradas ilegales ni inmorales. En efecto, a excepción de las drogas, la mayoría de la gente no se considera víctima airada que demande el peso de la Ley, como lo hacen con los robos, los atracos, los homicidios o las violaciones. Y de esta ausencia de negativa o de reproche social mayoritario son sabedores los empresarios criminales, quienes matizan la indolencia de los ciudadanos adoptando comportamientos y poses de hombres públicamente espirituales: participan, donde sea posible, en actividades comunitarias, fijan sus residencias en distritos tranquilos y respetables, envían a sus hijos a buenos colegios y se asocian con vecinos honrados que se sienten obligados a aceptar su compañía...”.

Esta situación resulta particularmente grave si tenemos en consideración dos cuestiones: en primer lugar el hecho que una lucha eficaz insume enormes cantidades de recursos del estado, y en segundo lugar –y más grave aún- el efecto desmoralizante en la juventud.

La estructura estatal que exige el combate contra el lavado de dinero resulta nada desdeñable: unidades de información financiera, agentes informantes, oficiales de enlace, policía, fiscales y jueces especializados, entre otros. Todo ello insume grandes recursos de un estado los cuales deberán costearse con mayor presión fiscal o ajustando gastos en otras áreas -también vitales, seguramente-. Será una empresa difícil plantear tan importante necesidad de financiamiento ante una ciudadanía cuyo interés se concentra en los delitos violentos de robo, homicidio y violación. A éste ciudadano le parecerá inútil destinar el dinero de sus impuestos a la prevención de la criminalidad económica, fenómeno que entiende como ajeno y distante. Por si fuera poco el costo fiscal incrementado, a este debe adicionarse también los mayores costos que implicará al sector privado (empresas y particulares) cumplir con las normas preventivas y reducir las vulnerabilidades –compliance costs-.

Este ánimo social de indiferencia se encuentra enquistado en amplias porciones de la población y en especial en la franja que comprende a la juventud, quizás causado por la sensación que el camino más fácil al éxito social y económico se encuentra en la ilegalidad. En efecto, la impunidad del crimen organizado constituye una perenne propaganda que muestra a quienes abiertamente infringen las leyes, desafiando al sistema democrático y legal, como los que en definitiva triunfan económica y socialmente. Publicita la falsa idea que acatar la legalidad equivale a condenarse a dedicar el resto de la existencia a trabajar para subsistir, con magros salarios, ínfimas posibilidades de progreso.

Es interesante analizar ésta cuestión en el contexto del advenimiento de lo que el Dr. Del Percio (4) denomina “estratificación social en razón del consumo”, forma de organización social en la cual lo definitorio para demarcar la pertenencia a uno u otro estrato social es el nivel de gastos y no el nivel de ahorros. Sumergidos en una cultura que exacerba y enaltece el consumo conspicuo, que determina como forma de jerarquización social la cantidad y calidad de los bienes y servicios consumidos y la ostentación que se haga de ellos, los individuos del mundo globalizado observarán con tentación el estilo de vida de narcotraficantes, corruptos y delincuentes financieros que disfrutan de bienes y servicios de altísimo lujo, pasan sus días en los más exclusivos hoteles y degustan los manjares más exquisitos en los restaurantes de primera categoría.

Dado que la fuente de riqueza de éstos cabecillas del crimen organizado resulta tan fenomenal y necesita de un consumo exacerbado ya sea como parte del proceso de blanqueo o como precio para comprar voluntades y amistades dentro de los sectores altos tradicionales de la sociedad, el consumo suntuario por sí mismo constituye un parámetro de reconocimiento y estatus social. El nuevo paradigma de estratificación social facilita de éste modo un atajo al reconocimiento social de grandes delincuentes.

Gómez de Liaño y Botella ha descripto con gran contundencia semejante realidad: “…Este ejemplo es particularmente corruptor en un grupo social de grandes aptitudes para ser transgresor de la Ley. Me refiero a la juventud, que según los investigadores sociales presenta claros signos de transformación por la influencia de los mercados ilegales en expansión. Y es natural, ya que, salvo excepciones, los jóvenes de áreas de ingresos bajo y medio se dan cuenta de que, frente al desesperado sendero de la Ley, un camino pavimentado de oro, pero con poco riesgo de castigo, es realmente tentador. Por lo demás, ahí va un dato esclarecedor y a la vez escalofriante: en la zona metropolitana de Los Ángeles, en la red distributiva de las llamadas drogas duras y pesadas, se calcula que hay cerca de cinco mil bandas de la criminalidad juvenil pluriétnica, cuyos miembros están sujetos a una eficaz jerarquía por parte de potentes organizaciones que les suministran la droga y les emplea en operaciones verdaderamente peligrosas para su integridad física, cuando no para sus propias vidas…”.

La organización en bandas o en grupos con semblanzas tribales funciona además como un elemento que cohesiona y otorga una identidad perdida a aquellos sectores más bajos y excluidos en el seno de la comunidad virtual global de consumo. Claro está, que éstas bandas se encuentran lejos de los cerebros y ejecutores intelectuales de las operaciones de lavado de dinero, contadores, expertos financieros, abogados y consultores entre otros, lo que dificulta sobremanera la posibilidad de percibir la inexorable cadena de causalidad que los vincula. Estos –en virtud de su elevado nivel intelectual y su intensa formación académica- serán hipotéticamente capaces de comprender las consecuencias de sus actos ilegales, pero seguramente el endiosamiento del mercado y la sociedad de consumo ejercerá un efecto enceguecedor, o tal vez –como fieles adeptos a su ideario- darán vivo ejemplo de la mercantilización extrema que convertirá a su complicidad, silencio y/o indiferencia –cuando no a ellos mismos- en meros objetos con un precio determinado. Las altas ganancias y el lujoso nivel de vida al cual acceden por ser tecnócratas de la criminalidad justifican en sus consciencias el apartamiento de la legalidad y su complicidad con peligrosos delincuentes.

La dimensión cultural deviene complementaria de las consecuencias económicas del lavado de dinero: el consumo exhibicionista, suntuario y lujoso que promueve la economía criminal es funcional a los fines de la justificación social de sus autores y también ejerce una enorme influencia al instalar una imagen hedonista que actúa como publicidad y tentación para participar de dicho estilo de vida. En tal contexto se dificulta la percepción por parte de la ciudadanía de las reales consecuencias de éste fenómeno.

3.) Lavado de Dinero y Política:

La relación del lavado con el sistema político merece particular atención, puesto que las consecuencias que depara en éste ámbito resultan de una gravedad extrema. El sistema político entendido en sentido amplio como la totalidad de los procesos e instituciones que definen las decisiones públicas no quedará exento de las consecuencias negativas que proyecta este fenómeno.

En tal sentido, y tomando posición en una concepción liberal-democrática-humanista de lo que debe ser el sistema político, es posible afirmar que el lavado de dinero y el crimen organizado ponen en riesgo al mismísimo concepto de Estado de Derecho: importan una corrosión lenta y progresiva de los mecanismos de frenos y contrapesos que garantizan la supremacía de las normas y evitan un ejercicio de poder autocrático.

La corrupción constituye un punto de contacto entre la política y el lavado de dinero, que puede entenderse en una dinámica bidireccional; por un lado, los bienes, activos y dinero que son pagados a los funcionarios o dirigentes políticos, líderes sindicales y empresarios corruptos se constituyen como flujos de dinero “negro” que ulteriormente requerirán ser blanqueados. En otras palabras, la corrupción resulta una de las principales fuentes generadoras de dinero negro, insumo fundamental del proceso de blanqueo.

Por otra parte, ante el avance de reglamentación o legislación administrativa que incrementa los riesgos y controles, quien desee reingresar los activos ilícitos al mercado lícito mediante el procedimiento de blanqueo recurrirá al soborno y a la corrupción de dichos funcionarios públicos o de los informantes privados para evitar las sanciones administrativas o penales. Con lo cual, los agentes encargados de velar por el correcto funcionamiento de las regulaciones financieras, bancarias, fiscales y de investigación judicial resultan un blanco predilecto de los blanqueadores o de las organizaciones criminales, con obvio interés en desarticular cualquier tipo de acción estatal o privada contraria al éxito de sus empresas.

“…El instrumento principal de la mafia y de las demás organizaciones criminales no es la violencia, es la corrupción…” afirma Foffani al estudiar el funcionamiento de criminalidad organizada, que ha reducido el uso de la violencia como última ratio, en virtud de su naturaleza visible que alarma a la opinión pública y obliga a las autoridades a una reacción. La corrupción por el contrario resulta silenciosa y favorece los fines de la organización criminal que, al disponer de grandes cantidades de dinero, adopta a las erogaciones en concepto corrupción como un mero coste de producción.

El efecto silencioso de la corrupción, permite que las empresas criminales se mimeticen con las empresas de la economía real, asegura su perdurabilidad en el tiempo mediante impunidad comprada y va minando de a poco los cimientos de todo el sistema: la ciudadanía comienza a percibir que el estado no puede garantizar la aplicación de las normas además de convertirse en una pasiva espectadora de la cooptación del estado por parte de éstas mismas organizaciones. Será una cuestión de tiempo que comiencen a percibir con naturalidad la asociación estado y empresas criminales.

“…Tienen capacidad para desestabilizar su organización política porque tienden a infiltrarse en el poder político utilizando métodos intimidativos o mediante la corrupción o compra y ocupación de cargos públicos para así lograr mejor sus fines…” sostiene la Dra. Sánchez García de Paz (5) al referirse a las redes del crimen organizado, agregando que los daños que provoca a través del poder del dinero blanqueado son evidentes, ya que pervierte los principios democráticos que en un Estado de Derecho deben regir para la elección y nombramiento de cargos públicos, así como la toma de decisiones por el poder público, ya sea por parte del ejecutivo, de los Tribunales de justicia o de los órganos legislativos.

De éste modo el lavado de dinero resulta instrumental para aquellas verdaderas empresas criminales o redes trasnacionales delictivas, consolidando su poder político no estatal, que ya ha sido advertido como una nueva forma de autoritarismo. En sociedades con estados e instituciones débiles el crimen organizado logra constituirse como forma de control social alternativo al oficial, incluso asumiendo funciones oficiales como la previsión de servicios sociales, seguridad, arbitraje de conflictos y ayuda financiera.

El lavado de dinero como instrumento de la criminalidad organizada, se interrelaciona con el sistema político pues “…ataca al sistema democrático, ya que pretende suplantar el consentimiento del cuerpo social y alterar el poder decisorio al margen de las instituciones, mediante la utilización orgánica de un sistema de dominio de las funciones de los poderes públicos, para su propio interés y beneficio...”.

Las consecuencias se agravarán en aquellos estados débiles –por el escaso poder de fuego o por la inexistencia de las instituciones destinadas a prevenir y combatir el lavado- o en aquellos con forma de gobierno autoritaria, ya que la inexistencia de balances internos permitirá que la mínima filtración de corrupción, especialmente en lo alto de la cadena de mando, provoque que la totalidad de la estructura estatal sea pervertida convirtiéndola en instrumento de la criminalidad.

4.) Amenaza al Estado de Derecho:

El cúmulo de graves consecuencias en lo económico, político, social y cultural que se vinculan al fenómeno del lavado de dinero, hacen que no sea exagerado afirmar que pone en peligro la vida democrática y respetuosa de los Derechos Humanos que muchos países hemos conseguido. La doctrina española (6) ha observado que las organizaciones criminales que manejan esa economía criminal “realizan, a golpe de dinero y de violencia, paciente pero incansablemente, una labor de infiltración en su mayor enemigo, el Estado de Derecho, al objeto de que éste llegue a estar controlado, desde sus principales instituciones, por agentes propios y aliados.”

El sistema democrático, respetuoso de los Derechos Humanos y Republicano, depende de un Estado de Derecho cuya nota fundamental es la supremacía de las leyes y la igualdad entre los ciudadanos que las acatan. La corrosión que genera la combinación de crimen organizado, corrupción y el lavado de dinero, ponen en peligro ese delicado equilibrio, pervirtiendo las instituciones para provecho personal de las organizaciones criminales.

Patricio E. Gazze


Referencias:
(1) KAPLAN, Marcos; “Economía criminal y lavado de dinero” Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Vol. XXIX, num. enero - abril 1996 (México DF 1996)
(2) FOFFANI, Luigi; “Criminalidad organizada y criminalidad económica” Revista Penal Nº 7, 2001 (Madrid, 2001)
(3) GOMEZ DE LIAÑO Y BOTELLA, Francisco Javier, “La criminalidad organizada: una aproximación sociológica y político criminal”, Revista del Poder Judicial. Número especial XVI: Bicentenario de la Audiencia Territorial de Cáceres.
(4) DEL PERCIO, Enrique M.; “La condición social: consumo, poder y representación en el capitalismo tardío” 2da. Edición Jorge Baudino Ediciones – (Buenos Aires 2010).
(5) SANCHEZ GARCIA DE PAZ, Isabel; “La criminalidad Organizada, aspectos penales, procesales, administrativos y policiales” Editorial Dykinson S.L. (Madrid, 2008).
(6) DIAZ MAROTO y VILLAREJO, Julio “Recepción de Propuestas del GAFI y de las Directivas Europeas sobre el Blanqueo de Capitales en el Derecho Español” en “Política criminal y blanqueo de capitales” Miguel Bajo y Silvina Bacigalupo, eds. (Madrid 2009).

4 comentarios:

el paparazzi anónimo dijo...

Felicitaciones Patricio G, el artículo, puede observarse, que ha sido escrito desde lo mas profundo del interés sobre el tema, aunque me permitire hacerte algun comentario en el riguroso convencimiento que sabrás hacer un pequeño lugar en mis felicitaciones a crítitas constructivas que de ningun modo quitan mérito a tal rotunda ponencia.
Será breve mi comentario ya que no quiero que él sobresalga de mi agradable sensación de leer tan plausible texto.
Claro que no saldrá del interés de la sociedad una ley como la que mencionas en los primeros párrafos y sería una falacia si alguien llevara una ley al congreso esgrimiendo el tan mentado interés social. El lavado de dinero puede ser un tema pintoreso para un pais donde todos los ciudadanos se alimentan bien, para una nación con un alto índice de seguridad, para un pueblo culto, leido y preocupado por una cultura que vaya mas allá de "gran hermano".
Esos paises, escasos por cierto, eligen temas como este para darle un poco de color y movimiento a sus monotonas, pero no por ello, menos interesantes leyes. Para el resto de los paises y personas este es un tema menor y sin mayor importancia para la masa.
Y sino te insto a que le preguntes tu, avezado pensador posmodernista, al autor Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella al que tanto lo horroriza la "indiferencia publica" de dicha criminalidad siendo que él mismo fue procesado por delitos de prevaricación los cuales parecen no haberlo horrorizado al "honesto" doctor.
Recuerda que las fuentes de consultas tambien pintan con seriedad los escritos que publicamos.
Saludos,

Patricio E. Gazze dijo...

gracias paparazzi anonimo por sus palabras y sus criticas constructivas!
abrazo!

Trovador de la poesía dijo...

Hola, me ha gustado tu blog.Si te gusta la poesía podrias visitar mi blog y comentar algunas poesías. Me harias un gran favor, gracias:
www.trovadordelapoesia.blogspot.com

Julio dijo...

Hola Patricio: Te saludo desde Mendoza y en alguna manera pareciera que somos colegas, no de profesión, pero si de afición. Te invito a que veas el blog:
www.hastaelpelomasdelgado.blogspot.com
Si te parece, para mi, será un gusto dialogar contigo. Saludos. Julio