Sobre la observancia de las reglas de juego

En un artículo anterior titulado "Fiesta de la Democracia en Estados Unidos" tuve oportunidad de describir de modo breve la maravillosa continuidad en el funcionamiento de las instituciones básicas de la hermana nación del Norte. Escribí aquellas líneas en vísperas de la elección presidencial que finalmente consagró al Demócrata Barack Obama como presidente, destacando el modo en el cual se ha venido cumpliendo y respetando por todos los actores del sistema político un conjunto básico de reglas no obstante el paso del tiempo y de diversos acontecimientos imprevistos o incluso catastróficos. Cada traspaso de mando en la primera magistratura fue pacífico y ordenado. Incluso en los lamentables episodios en los cuales fueron asesinados presidentes en ejercicio del cargo, el sistema respondió adecuadamente.

Aquí en nuestro país, la iniciativa del Ejecutivo para modificar el Código Electoral permitiendo el adelantamiento de las elecciones, me lleva a pensar en el contraste existente entre la práctica institucional de los norteamericanos y la nuestra: Doscientos años de cumplimiento sin alteración de las instituciones electorales por una parte, y una continúa manipulación de las mismas, en todos los niveles (municipal, provincial y nacional) por otra.

Quizás ésta tendencia a reprogamar y rediagramar constantemente reglas básicas de las instituciones responda a una íntima disposición de nuestro ser cultural consistente en aprovechar al máximo las posibilidades que brinda la ventaja circunstancial de detentar el poder en un determinado momento para torcer las reglas en favor propio: la llamada "viveza criolla". Recordemos que también Eduardo Duhalde en ejercicio de la Presidencia de la Nación, había resuelto adelantar las elecciones en 2002 (Duhalde adelanta elecciones - El Mundo.es) cuando se vio agobiado políticamente por las muertes de los piqueteros Kosteki y Santillán. En aquel momento la misma implicaba una retirada anticipada del propio Duhalde del cargo de Presidente.

Hoy la argumentación que se alega es diferente: la crisis y la necesidad de acortar tiempo de indefiniciones para poder ordenar el escenario político y dar una respuesta coordinada frente a los embates de la recesión global que cada vez más afecta la vida diaria de cada uno de los habitantes de nuestro país. Además, se pretende unificar las fechas de las elecciones nacionales, con las provinciales. De no prosperar la iniciativa, el calendario electoral sería dispar y desordenado hasta Octubre: muchos ciudadanos tendrían que verse obligados a votar dos y hasta tres veces (como el caso de Santa Fe) en un dispendio enorme de recursos monetarios, organizativos y fundamentalmente de tiempo. Sin lugar a dudas, tampoco resulta ideal que cada Distrito desinge su propio calendario según su parecer sin un mínimo sentido de orden y coordinación.

No obstante, son claras y notorias las contraindicaciones que supone una modificación de las pautas preestablecidas: se generan problemas con los padrones electorales (siendo éste punto el de mayor gravedad ya que puede afectar los derechos políticos de los ciudadanos), se altera la coordinación y organización general, dificulta el armado de listas, alianzas y complica el funcionamiento interno de las estructuras partidarias.

La otra alternativa, sería interpretar a éstos cambios repentinos y motivados por necesidades políticas en los cronogramas electorales como un síntoma de una tendencia en el comportamiento social más favorable a un sistema parlamentario. Éste sistema se basa en el principio de confianza, el cual subraya la íntima vinculación entre los poderes legislativo y ejecutivo, dependiendo el éste último de la confianza del parlamento para subsistir. Para ello el sistema prevé que el Parlamento pueda destituir ministros o al propio jefe de gobierno mediante la moción de censura. A su vez, el sistema establece la facultad del Presidente del Gobierno de ordenar la disolución del Parlamento en casos de graves controversias en las cuales puedan estar en riesgo la gobernabilidad de la Nación o la legitimidad de la dirigencia política.

De haber contado con una configuración parlamentaria para el ordenamiento de los poderes del Estado, quizás se pudiera haber evitado la grave crisis de Diciembre de 2001, pues al perder las elecciones legislativas de medio mandato -y con ellas el apoyo parlamentario- habría quedado expedita una vía institucional pacífica para que el entonces Presidente De La Rúa finalice sus funciones de un modo más ordenado y pacífico.

Pero no debo soslayar que la mera insinuación de un cambio de tamaña envergadura -ya que implicaría una reforma constitucional profunda- me ha hecho caer en el mismo error que apuntara al comenzar a escribir: esa irresistible tentación que tenemos los Argentinos de querer cambiar periódicamente las más básicas y fundamentales reglas de juego. (Presidencialismo o Parlamentarismo: ¿cuál es el mejor modelo para la Argentina : nota en La Nación del 3/06/07)

Me permito concluir que más allá de las banderas políticas, debemos los argentinos reflexionar sobre las instituciones, el valor de la existencia de reglas claras y precisas, y también sobre nuestro propio comportamiento y temperamento social que a veces no es coincidente con la estática característica de una configuración presidencialista, ya que siempre tendemos a bregar por la inmediatez de los cambios, sin percibir que quizás los más importantes cambios políticos se dan lenta, progresiva y gradualmente: como la culminación de una maduración institucional y no como la reacción ante aquello que nos disgusta, nos ha dejado de gustar o nos ha cansado.

Patricio E. Gazze