lunes, 11 de enero de 2010

Un bicentenario complicado.


La tranquilidad del verano Argentino se vió interrumpida por un nuevo episodio de la interminable Tragicomedia que podría titularse “Oficialismo Vs. Oposición”.

El Banco Central y su valiente (o rebelde, depende del lado que se mire) Presidente, han constituido el casus belli de ésta nueva batalla épica en la cual el Bien y el Mal se enfrentan a sangre fría para definir el destino de la Republica, y porque no, de la Humanidad toda.

Los heroicos paladines defensores de la Republica, del Pueblo y de la Democracia se trenzan en una fiera pelea contra aquellos quienes, poseídos por el mismisimo Maligno, tienen la vil misión de esparcir la corrupción, la pobreza, el atraso, el delito, las adicciones y todos los males que azotan al país.

No obstante lo ridículo del relato precedente, bien puede oírse de boca de cualquiera de los contendientes de esta nueva cruzada. Una vez más, nuestra clase política somete a la ciudadanía toda a una infantil y feroz lucha por el poder… si bien, en parte, como ciudadanos somos cómplices al ser asiduos consumidores de insensateces de tal tenor.

El Fondo del Bicentenario consiste en una propuesta del gobierno para garantizar el pago de los vencimientos de la deuda externa en el año que comienza mediante la utilización de las reservas del Banco Central de la Republica Argentina. Pero dicha iniciativa encontró el insuperable escollo de la negativa del Presidente de ésta Entidad para canalizar la misma

El Lic. Hernán Martín Pérez Redrado -quien en 2006 ya había autorizado el pago de la deuda externa utilizando aproximadamente 9 de los 28 mil millones de dólares de las Reservas en tal momento- se ha opuesto férreamente a la utilización de los 6 mil millones que requería la iniciativa de la Administración de la Dra. Fernández de Kirchner.

Asombrados por la negativa del Presidente del BCRA de dar cumplimiento al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que estableció el Fondo del Bicentenario, el Gobierno no tuvo mejor idea que echar mano de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia para desplazar al insurrecto, con lo cual soslayó el requisito del “previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación” que prevé el articulo 9º de la Carta Orgánica de dicho Banco, la cual a su vez si establece que cuando mediare incumplimiento de los deberes se puede remover al Presidente por Decreto del Ejecutivo Nacional. Con lo cual se consolidó una compleja situación jurídica cuyo análisis excede la presente reflexión.

Rápidos e inquietos por la nueva medida y quizás ávidos de protagonismo mediático, ciertos sectores del arco opositor no han tenido mejor idea que reaccionar frente a la obviamente poco prolija y reprochable acción del Ejecutivo Nacional con otra insensatez: Judicializar la cuestión. Al presentar una acción de amparo ante la Justicia Federal –que tuvo que habilitar la feria judicial- soslayaron que la cuestión podía ser canalizada por la vías institucionales específicamente previstas: La Comisión Bicameral Permanente cuya función es la de analizar los DNU y que se reglamentó por ley 26.122, cuyo artículo 6º dispone que ésta “…cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación…”.

En el ínterin, a nadie parece importarle si la medida de la Administración era correcta para llevar tranquilidad a los inversores externos y asegurar un tranquilo cumplimiento de los vencimientos, o si la incertidumbre sembrada con la judicialización de una política económica puede perjudicar al ciudadanó común.

Pero más allá de eso, es menester señalar una grave falencia de la oposición que ha demostrado una vez más que funciona únicamente por reacción. Cada iniciativa del oficialismo genera en la oposición o bien una brillante idea –casualmente diametralmente opuesta-, o bien una férrea resistencia a la iniciativa oficial.

Así, el torpe "combo" de dos DNU que alteran la tranquilidad institucional, hizo volver anticipadamente a distintos referentes de la oposición de su plácido veraneo, para dar batalla en defensa de la institucionalidad.

Los medios “independientes”, aprovechando quizás la coyuntura para tratar de sacar algún rédito propio de la incertidumbre, ensalzan y erigen en héroes a aquellos dirigentes que en más duros términos se oponen al gobierno y no a quienes presenten la mejor alternativa de gobierno o las mejores propuestas en materia de políticas de estado o de legislación, o de reforma. Todo se reduce a una lógica de River-Boca en la cual no se discuten ideas, propuestas políticas, ni mucho menos proyectos de país, sino que se trata de descalificar, insultar o prejuzgar a aquel que las propone.

Desde el craso error cometido por el gobierno -ya sea por su contenido o la forma de comunicarlo- al tratar de imponer la iniciativa de de Retenciones Móviles, cada nueva iniciativa o esbozo de política de gobierno encuentra a una oposición entrenada mejor en provocar golpes de efecto, terremotos mediáticos, que en la elaboración de verdaderas políticas de estado que puedan ser fructíferas para el país todo. Esta medida relativa al pago de los vencimientos de la deuda externa de éste año, no parece ser la excepción.

Pero dado que recién nos encontramos en las instancias "preparatorias" de lo que pareceria ser "una nueva gran batalla", es menester hacer una breve reflexión sobre el modo en el que se ha comportado la sociedad toda, a los efectos de evitar incurrir en los mismos errores que en el pasado.

Conflictos pasados de ésta Saga, como lo ha sido la "batalla de la resolución 125", si bien han demostrado que ambos bandos están dispuestos a un altísimo nivel de conflicto, violencia e intransigencia, han demostrado ser inútiles a la hora de lograr verdaderas soluciones.

La prueba de ello la dan los propios hechos: la derrota del Gobierno en la votación de la resolución 125 no generó el tan ansiado y tan necesario plan integral agropecuario ganadero.

Los vencedores de la “guerra del campo” no se han puesto de acuerdo, no han tomado la vanguardia para darle al país un proyecto consensuado, unificado y superador que resuelta o que encamine de una buena vez la problemática del sector agropecuario.

Todos estamos de acuerdo en que queremos ver a la Argentina como una potencia agrícola y ganadera, pero aún no tenemos un plan integral. Todos los problemas estructurales que pudieron darse a conocer a la generalidad de la población en el marco del conflicto del campo, aún siguen sin resolverse. A la fecha, la iniciativa sobre la política agropecuaria la sigue llevando el gobierno, y en rigor de verdad lo que ha sucedido es un retorno a la política anterior en lugar de la elaboración de una alternativa superadora y consensuada.

Esto se debe gracias a que tanto desde el gobierno como desde la oposición, se destinan más energías a “desgastar” (al decir del Presidente de la Federación Agraria Eduardo Buzzi) al “enemigo” antes que intentar producir una alternativa superadora. Como ciudadanos nos gusta más consumir al discurso político que con más rigor ataque al contrincante, o que denuncie sus bajezas de un modo más tremendo, que aquel que pregona un arduo trabajo día a día para ofrecer una alternativa válida o una propuesta que pueda efectivamente resolver el problema.

De que otra manera podría explicarse que la figura del Vicepresidente Cobos goce de tan alta estima en el público. Pues si tenemos que ser estrictamente sinceros, el Vicepresidente ingresó al cargo que hoy detenta dándole su espalda al centenario partido en el que militaba, lo que determinó su “expulsión de por vida” de tal institución. Y hoy, se erige como “líder” y “candidato” de la oposición sin dejar el cargo al que accedió formando parte del oficialismo y con el único mérito de abandonar a su compañera de fórmula en un momento crucial y que además era claramente oportuno de acuerdo a las apetencias de la opinión pública.

Quizás el liderazgo de Cobos sea una manifestación más de la decadencia moral que nos aqueja, y un indicador que nos demuestra que aún no hemos madurado como sociedad, y seguimos valorando positivamente a la “viveza criolla”, pues seguimos mirando con buenos ojos que cuando “uno de los nuestros” “hace trampa” o “recurre a la traición” merece nuestra estima, porque claro está, piensa “como nosotros”.

Goza de la más alta estima de la población una persona que, habiendo dejado de lado sus convicciones y su partido de militancia para ocupar una posición de privilegio en una fórmula presidencial oficialista, luego reniega de su nueva afiliación, ocupando una posición que si mayor mérito o trabajo lo coloca casi automáticamente en la posición de héroe.

Ello no hace sino confirmar lo antes expuesto, en el sentido que como ciudadanos estamos acostumbrados a valorar los sucesos según una lógica de partido de fútbol, en el cual “vale todo” si es para que quien nos simpatiza “gane”, antes que valorar las acciones por su contenido intrínseco, su rectitud o consecuencia con principios éticos o morales.

Resulta entonces un mal indicador que luego de un conflicto como el del campo valoremos más al Vicepresidente Julio Cobos, quien compartió una fórmula presidencial cuya plataforma defendía a las retenciones móviles y votó por una mera conveniencia circunstancial, que a por ejemplo a Ricardo López Murphy o Mauricio Macri quienes en la convicción de que ello no era lo correcto habían en sus respectivas plataformas propuesto algo distinto y rechazado las retenciones desde las ideas.

Nuevamente, en el conflicto del campo y la valoración del liderazgo de Cobos surge que como ciudadanos hemos valorado más positivamente la actitud oportunista de quien cambia de bando según las circunstancias que le convienen, que aquella de quien que construye un nuevo partido, trabajando paso a paso para dar a luz una alternativa diferente, como lo han hecho Pino Solanas, Hermes Binner o Mauricio Macri.

Esta nueva “crisis” que sin dudas deberá analizarse en el contexto de una enorme y brutal puja de poderes entre un gobierno hegemónico y grupos económicos también hegemónicos; que no dudan en llevar a toda la sociedad a un estado de incertidumbre y confrontación peligrosamente altos, con tal de satisfacer sus propios intereses y ambiciones personales.

Y también creo necesario que como profesionales o militantes nos preocupemos más en cuidar el lenguaje y dejar de utilizar de modo laxo o inapropiado las palabras “dictadura” y abstenernos de emplear aquellas palabras que falten el respeto por la investidura los poderes constituidos, ya sea la Presidente de la Nación, los señores legisladores del oficialismo y la oposición, como así también de los magistrados que integran el Poder Judicial ¿Cómo podemos pedir mas institucionalidad cuando nosotros mismos no la respetamos?

Este gobierno, como también todos los anteriores desde el retorno de la democracia tienen enormes, muy grandes falencias. Pero ello no nos habilita a compararlos con una dictadura, porque bien sabemos que gracias a Dios, desde 1983 el orden constitucional no se ha interrumpido. Quienes llaman a la presidente dictadora o a este gobierno dictadura seguramente no tienen la menor idea de lo que una dictadura implica, y que comienza por la anulación real y violenta de cualquier tipo de disidencia, lo cual no ocurre y debemos decirlo: esto es una democracia y debemos cuidarla con todas nuestras fuerzas y pese a todas las imperfecciones que presente.

Ningún conflicto en democracia es tan grave ni tan apocalíptico como quieren hacérnoslo ver; los problemas del país se irán solucionando a medida que comenzamos a ejercer un sincero, real y verdadero diálogo, y fundamentalmente cuando dejemos de ver al otro como “enemigo”, aún cuando piense distinto a nosotros.


Patricio E. Gazze